Santiago necesita multiplicar por 17 las nuevas viviendas protegidas para cubrir la demanda

La vivienda protegida en Santiago despierta de su letargo con la licitación abierta por la Xunta para construir tres nuevos edificios. En total, pondrán en el mercado 60 pisos para alquiler a precios tasados. Pero se quedarán muy lejos de cubrir una demanda que no para de crecer en la ciudad. En el registro de solicitantes de la administración autonómica ya hay anotadas mil personas que piden algún tipo vivienda a precio asequible, ya sea en la modalidad de alquiler o de compra. Santiago tendría que multiplicar por 17 la construcción actual para poder dar una solución habitacional a todos ellos.

Ocho empresas optan a construir los tres edificios de vivienda protegida en Santiago

Con el precio de los alquileres en máximos y el encarecimiento de las hipotecas, la vivienda protegida vuelve a verse como opción. En los últimos meses, la cifra de personas que se han anotado en el registro de la Xunta no ha parado de crecer. En abril del año pasado eran 826, ahora el número alcanza ya los mil, un alza del 21%. Sin embargo, en los últimos años las operaciones de compraventa de los pisos de protección oficial han sido anecdóticas. En los tres primeros trimestres de 2023 en Santiago, según los últimos datos del Ministerio de Transportes, tan sólo se han formalizado cuatro ventas. Suponen apenas un 0,7% del total de las 539 transacciones que se registraron en la capital gallega durante ese mismo periodo.

El porcentaje lleva cayendo durante los últimos años. Justo antes del crack del ladrillo de 2008, la compra de casas protegidas suponía en torno al 9% del total. Pero tras la crisis prácticamente no se han construido inmuebles con precios tasados para que puedan ser asequibles. La situación se ha agravado en los últimos tiempos con los problemas de suministro de materiales de construcción y el incremento desorbitado de los precios. Muchos promotores afirman que no les compensa ante unos márgenes de beneficio muy ajustados.

En el barrio de O Castiñeiriño se vivió este problema. En febrero de 2021, la Xunta adjudicó las obras de construcción de un edificio de protección oficial con 24 viviendas. La empresa elegida fue la la UTE Construcciones Alea S.L.-Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones. Las obras comenzaron, pero quedaron inacabadas. Esta empresa realizó los trabajos ubicados bajo la rasante del terreno —excavaciones, cimentación y sótanos—, así como la placa de la planta baja. Después el edificio quedó abandonado. Según explicó la Xunta, “las dificultades encontradas por la adjudicataria en los trabajos de excavación —con múltiples conducciones de servicios públicos en el terreno que fue necesario desviar—, así como los incrementos de los precios de los suministros de la construcción, hicieron que la continuación del contrato resultara imposible”. El Ejecutivo gallego optó por rescindirlo y el pasado 10 de octubre se abrió un nuevo procedimiento para finalizar el edificio. La inversión necesaria para completar el inmueble llega ahora a los 4,39 millones de euros. Cuatro empresas concursan actualmente para hacerse con el contrato.

Santiago contará con 36 nuevas viviendas de promoción pública en régimen de alquiler

La Xunta promueve otros dos edificios en la zona de Lamas de Abade, en los que también está abierto el proceso para adjudicar la empresa constructora. Ambos se ubicarán en la zona urbanística denominada SUNP-12. El que se erigirá en la parcela BB3 contará con 24 pisos y para su construcción la Xunta destinará 4,63 millones de euros. En la parcela BB5 se levantará otro inmueble de 12 viviendas con una inversión de 2,5 millones. Todas ellas se adjudicarán en régimen de alquiler entre las personas inscritas en el registro único de demandantes de vivienda en Santiago. Actualmente, cuenta con 372 personas que demandan específicamente una casa de promoción pública para arrendar.

Para que las 60 viviendas de promoción pública lleguen al mercado aún habrá que esperar. Todavía no se han resuelto las licitaciones y a partir del momento en que empiecen las obras, los contratos contemplan un periodo de entre 12 y 18 meses para finalizarlas dependiendo del inmueble.

Actuaciones del Concello

El Concello de Santiago también ha prometido actuaciones para garantizar el derecho a la vivienda de los compostelanos. Por el momento, el único movimiento es una partida de poco más de un millón de euros que recogen los presupuestos para este año 2024. Con este dinero se “prevé la ampliación del parque de vivienda pública con la adquisición y rehabilitación de inmuebles para vivienda en alquiler”. Sin embargo, con los precios actuales, la aportación de Raxoi para solucionar el problema de la vivienda en el Concello no permitirá tampoco dar una alternativa de alojamiento a los mil demandantes de vivienda protegida que existen en la ciudad.

Alza de precios

Entretanto, el precio de los alquileres en la ciudad se ha disparado en la última década. En 2014, de media se pagaban 391 euros por un piso, según los datos del Observatorio Galego da Vivenda, dependiente de la Xunta. El promedio de los alquileres firmados en enero y febrero de este año en la ciudad alcanza ya los 575 euros, un alza del 47%. Santiago es la tercera ciudad de Galicia con los arrendamientos más caros, sólo superada por A Coruña (651 euros) y Vigo (619). El Observatorio ofrece también una media de precios por diferentes zonas de la ciudad. Ya no hay ninguna en la que la cuantía se quede por debajo de los 500 euros.

Santiago es la única ciudad gallega donde crece la vivienda en alquiler: un 34 % más en dos años

La oferta de pisos en alquiler es, además, escasa. Según el último informe realizado por la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, en marzo tan sólo se ofertaban 175 inmuebles para arrendar en la capital gallega. En enero de 2023, el mismo informe subrayaba que había 240 pisos en alquiler en la ciudad. La escasa oferta afecta a toda Galicia. La foto fija del stock de viviendas en arrendamiento en el circuito de comercialización en el conjunto de los 313 ayuntamientos es de 2.780 viviendas . Es decir, un 45% menos que en enero del 2020, cuando había aproximadamente 6.000 viviendas disponibles para alquilar en la comunidad autónoma.