La jueza recaba y examina informes del caso Pichel y aún no ha llamado a declarar a nadie como investigado

Dos meses y medio después de la denuncia, la jueza Ana López-Suevos continúa investigando el conocido como caso Pichel. La titular del juzgado de instrucción número 1 de Santiago, tras abrir diligencias previas, ha recabado al Concello documentación sobre el contrato de alquiler por el Gobierno saliente de la nave de la empresa Desproi para ubicar unas oficinas municipales. Uno de los concejales de la anterior corporación socialista, José Manuel Pichel, dimitió tras concerse que era el propietario de una parte de la sociedad cuando la junta de gobierno local autorizó el contrato a dedo por 5.000 euros al mes.

Según confirma el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el caso “continúa instruyéndose”. La jueza “está recabando documentación para su examen”, aunque “por el momento, no ha citado a declarar a ninguna persona en calidad de investigada”. La apertura de diligencias llegó tras una denuncia del PP en la que pedía que se investigara la posible comisión de delitos como prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude en la contratación, negociaciones prohibidas a funcionarios y “aquellos otros que puedan surgir en la instrucción”. La denuncia se extiende al exalcalde y seis concejales, además del secretario de organización de UGT-Galicia, otro de los propietarios de Desproi.

Los hechos investigados se remontan al año 2021. El Ejecutivo de Sánchez Bugallo aprobó el 14 de septiembre adjudicar el contrato de arrendamiento a Desproi para que una nave del polígono de Costa Vella acogiese los servicios de Medio Rural y Parques y Jardines, de los que eran concejales José Manuel Pichel y Mila Castro. Ubicados hasta entonces en la antigua estación de autobuses, la demolición del inmueble para ampliar el edificio administrativo de la Xunta de San Caetano obligaba al traslado. Según consta en la denuncia del PP, a la que ha tenido acceso EL CORREO GALLEGO, la necesidad de cambio de oficinas era conocida desde hacía tiempo. De hecho, en julio se había aprobado en junta de Gobierno el proyecto para acondicionar unas instalaciones municipales en el recinto de Amio.

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Pero el contrato se adjudicó a dedo apelando a la vía de urgencia para evitar que otras empresas que ofreciesen sus instalaciones al Concello y poder elegir la mejor oferta. La decisión se tomó a pesar de que el informe de la intervención municipal, según consta en la documentación que ya posee el juzgado, había mostrado sus reticencias. “No figura informe jurídico que justifique adecuadamente los motivos que sustentan esta adjudicación directa y la ausencia de un procedimiento de concurrencia pública”, indicó el interventor. La ley de Patrimonio marca que la urgencia en la contratación debe de responder a “acontecimientos imprevisibles”. La demolición de la antigua estación de autobuses se conocía desde hacía tiempo.

Ese 14 de septiembre, según los datos recabados por el PP, Pichel aún era propietario de una parte de Desproi. Desde 2012 y durante varios años había sido administrador solidario, administrador mancomunado y apoderado solidario de la empresa. En el momento en el que la junta de Gobierno realizó la adjudicación, la sociedad estaba participada por otras dos mercantiles. Ribaterra S.L (propiedad de UGT-Galicia) poseía el 63,69 de las acciones. Servicios Técnicos Gaia (en manos al 100 % de Pichel) el 36,31 % restante.

Una semana después y justo antes de que se formalizase el contrato de alquiler, Pichel sale de Desproi. Vende Servicios Técnicos Gaia a otra sociedad, Surco Agrario S.L. (propiedad del sindicato Unións Agrarias). Por la transacción no recibe ningún dinero, ya que según la documentación aportada a la jueza, se realiza para pagar una deuda previa.

Una vez que Pichel abandona el accionariado de Desproi, se formaliza el contrato de alquiler. Y según recuerda el PP en su denuncia se hace pese a que Desproi tenía una deuda de algo más de 172.000 euros con el Concello. “Estaba en situación de prohibición legal de contratar con la administración”, subraya el escrito presentado ante López-Suevos. En la denuncia también se recoge el escrito de una directora de área del Ayuntamiento en la que deja constancia de que la operación se realizó “siguiendo instrucciones de la Alcaldía”. A este punto se agarran los populares para implicar a Bugallo en en la denuncia.

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Destapado el caso por Compostela Aberta primero y el PP después, Pichel dimitió el pasado 18 de enero. El concejal aseguró que cometió un “error considerable” al no comunicar al alcalde, ni a la Xunta de Gobierno que había formado parte del accionariado de la empresa propietaria de Desproi. También que en ningún caso buscaba sacar rédito con el alquiler. La oposición siguió reclamando explicaciones y Bugallo anunció que remitiría toda la documetación a la Fiscalía. Pero nunca lo hizo. Después llegó la denuncia del PP en plena precampaña electoral.

Los populares solicitaron a la jueza que pidiese al Concello de Santiago, entre otra documentación, el expediente completo tramitado para la la adjudicación del arrendamiento, además de los balances fiscales de todas las sociedades implicadas. Alguna documentación ya ha comenzado a llegar al juzgado. En los próximos meses, la jueza decidirá si continúa investigando o cierra la causa al no apreciar delitos.