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polémica

Urbanismo de A Estrada, a juicio

El fiscal pide 16 años de inhabilitación y una multa de 19.440 € para ediles del PP por presunta prevaricación en los 90 // Entre los imputados por tres licencias: Campos y tres concejales del gobierno actual // El Supremo declaró ilegales las obras por la denuncia del BNG

DELEGACIÓN • A ESTRADA   | 12.07.2006 
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La querella que el BNG de A Estrada interpuso hace más de una década contra el alcalde y diez ediles del PP (dos de ellos ya fallecidos), vuelve al candelero. Los nacionalistas daban a conocer ayer el auto del juez, que rechaza el sobreseimiento de las causas (como pedían los imputados) y ordena la apertura de juicio oral contra once de los ediles que formaban parte del gobierno estradense del PP en los años noventa, por acuerdos adoptados en comisiones de gobierno y en plenos en los años 93 y 94.

El alcalde Ramón Campos, que ya ocupaba entonces el cargo, tendrá que sentarse en el banquillo al igual que otros tres ediles de su actual equipo: Manuel Arca Castro, José Manuel Reboredo Baños y Manuel Somoza Carbón. También están imputados cinco ex concejales (Alfonso Uzal Campos, que era entonces edil de Urbanismo; Mario López Martínez; Francisco Cora Castro; Selesio Meda Herbojo y José Eusebio Porta Lorenzo), así como otros dos ya fallecidos.

El fiscal pide para cada uno de ellos un total 16 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público (ocho por el caso de la prolongación de la rúa Justo Martínez y otros tantos por la urbanización de chalés adosados junto a la Iglesia), considerando que hubo un presunto delito de prevaricación. También solicita una multa para cada uno de ellos por importe total de 19.440 euros en total (a razón de 18 euros diarios durante 36 meses).

Auto ampliado y fianza

Pero en el auto del titular del Juzgado de Primera Instancia de A Estrada figuran un total de tres presuntos delitos. Además del tramo de Justo Martínez, con edificios de bajo y cuatro alturas (una altura más de lo que permitían las normas vigentes, del año 78 ) y del estudio de detalle de los chalés, en la polémica por las irregularidades urbanísticas figura un edificio entre las calles Pérez Viondi e Irmáns Valladares, cuya licencia, al igual que los otros dos acuerdos, fue anulada primero por el TSXG (en 1997) y después, en el año 2002, por el Tribunal Supremo.

En el auto judicial, también se requiere a los nueve imputados para que cada uno deposite una fianza de 500 euros, y así "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que se les pudiesen imponer.

LOS ECOS POLÍTICOS DEL CASO

Comisión gestora, sucesión y más peticiones

Las novedades sobre el caso llegan en un momento en el que el Urbanismo es uno de los frentes más delicados en A Estrada. Hace dos meses la Xunta denegó la aprobación del PXOM, y hoy mismo se celebra una comisión en la que se hablará de posibles soluciones transitorias hasta que se apruebe el documento. Desde el BNG, Raquel López advertía ayer que el grupo de gobierno actual "no está capacitado para dirixi-lo proceso do PXOM", en vista de la continuidad de las diligencias judiciales. Además de hablar de la situación urbanística "grave e caótica", el BNG (que pide como acusación particular penas de un año de cárcel para Campos y Uzal, que era edil de Urbanismo entonces, además de 24 años de inhabilitación, y multas y 21 años de inhabilitación para el resto) insiste en que los imputados deben dimitir por la gravedad del caso. "Sería lo políticamente correcto", añade López. También proponen crear una comisión gestora para regir el Ayuntamiento hasta las municipales, como pasó en Marbella, y piden al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tome cartas en el asunto. La imputación de los ediles populares también deja otra lectura en clave política. A sus 76 años, Ramón Campos se retira el próximo año y en A Estrada se siguen sucediendo las quinielas sobre posibles delfines de cara a las elecciones municipales del próximo año .

! LAS CLAVES

En septiembre ya podría haber vista

A final del verano pasado el juzgado estradense trasladó a la Audiencia Provincial las diligencias al apreciar el fiscal que existían indicios de prevaricación. El juicio oral podría celebrarse en torno al próximo mes de septiembre. Según el BNG, puede que el fiscal no incluyera el caso del edificio de la calles Pérez Viondi por una cuestión de procedimiento, aunque en el auto del juez sí aparecen los tres casos citados.

Los imputados no hacen valoraciones

Ni Campos, ni Reboredo (ahora edil de Urbanismo) ni otros imputados quisieron entrar a valorar ayer las novedades que daba a conocer el BNG. En 2003, cuando declararon ante el juez , los ediles se remitieron a los informes técnicos para justificar las licencias. Los de los técnicos municipales eran todos contrarios. Sólo en el caso del edificio había un informe externo a favor.

Con más alturas de las permitidas

En la propuesta del fiscal se llama a declarar a dos técnicos municipales y a otros dos externos. Según los fallos judiciales, la prolongación de Justo Martínez tiene una altura más de la permitida por el ancho del vial. El estudio de detalle de los chalés estaría incompleto. La licencia del edificio se justificó diciendo que estaba en A Farola.

Sentencias claves en una década

La Audiencia dejó en suspenso en 1995 la querella del BNG (entonces con Manuel Rendo como portavoz) a la espera de resolverse la vía contencioso-administrativa. El fallo del TSXG y luego el del Supremo, que no aceptó el recurso de casación, reabrían el caso por vía penal .