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juicio

El fiscal rebaja a doce años de inhabilitación la pena para ex ediles estradenses

Serían 6 por cada uno de los delitos // Los imputados declararon que nadie les advirtió de posibles irregularidades urbanísticas // El caso, visto para sentencia

REDACCIÓN • PONTEVEDRA   | 18.01.2008 
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Ana
Ramón Campos, al fondo a la izquierda, junto a los otros acusados
FOTO: Ana

Los ocho políticos de A Estrada, que en el año 1994 formaban parte del grupo de gobierno de ese municipio, se sentaron ayer de nuevo en el banquillo de acusados de la Audiencia Provincial de Pontevedra para responder de tres presuntas irregularidades urbanísticas que el BNG denunció en su día.

En total fueron tres los casos que los nacionalistas llevaron al juzgado: las alturas de edificios en el nuevo tramo de la prolongación de la calle Justo Martínez y las licencias de la urbanización de chalés en la plaza de la Iglesia y de un edificio en Pérez Viondi. Sin embargo, el fiscal sólo les acusa por los dos primeros. Tras pedir ocho años de inhabilitación especial por cada uno de los delitos, la petición se rebaja a seis años y un día por cada uno (doce en total). Desde la acusación particular que ejerce el BNG, además de apreciar un presunto delito a mayores (el del edificio), se piden también 6 años por cada uno (18 en total), salvo para el ex alcalde, Ramón Campos, y el entonces edil de Urbanismo, Alfonso Uzal, para los que piden 10 años de inhabilitación especial por cada caso. A uno de los imputados, Manuel Arca, el BNG sólo le imputa uno de los casos, al no estar presente en las otras juntas de gobierno.

Tanto Campos como los ediles (además de Arca y Uzal se imputó a Francisco Cora, José Manuel Reboredo, Mario López, Selesio Meda y Eusebio Porta) aseguraron que votaron a favor de las propuestas hechas por la comisión informativa de Urbanismo por entender que se ajustaban a la legalidad y nadie les advirtió que incurrirían en una ilegalidad.

"En caso de saberlo no hubiera votado", declaró Campos. Pese a admitirse los testimonios de la vista de septiembre, ayer también volvieron a declarar los testigos. Los técnicos admitieron la complejidad de los casos debido a las normas urbanísticas municipales, que eran muy antiguas, lo que creaba muchos problemas a la hora de conceder licencias. El entonces secretario señaló que nunca había propuesto al gobierno local un informe externo porque era algo que correspondía solicitar al alcalde, lo que hizo después. El técnico externo Juan Rico Lenza, al que se consultó (que redactara las normas de planeamiento), también declaró ayer.

Por fin, el juicio, que se suspendió a finales de noviembre (tras una primera vista en el Juzgado de lo Penal que acabó por inhibirse en favor de la Audiencia), quedó visto para sentencia.

LOS DATOS

En la sentencia

Uno de los letrados defensores planteó la prescripción de los hechos que se iban a juzgar, al menos para sus defendidos, a lo que se sumaron los otros letrados. Sin embargo, la sala, que presidió el magistrado Juan José Barreiro, acordó continuar la vista señalando que a esa cuestión se referirán en la sentencia.

Sólo Reboredo

Han transcurrido casi 14 años desde que sucedieron los hechos juzgados. Dos de los imputados ya han fallecido (se pidió que no constaran en el fallo) y sólo José Manuel Reboredo continúa en la vida política, ahora ya fuera del Partido Popular, como concejal de Cidega .