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Los ediles de Gondomar pactaron el soborno en tres entregas de dinero

José Luis Mosquera y su novia fueron detenidos tras recibir sesenta mil euros // En los próximos días se iban a producir dos "donaciones" de 90.000 y 60.000 euros respectivamente // Un intermediario de una constructora fue el encargado de efectuar los pagos

REDACCIÓN • SANTIAGO/VIGO   | 17.02.2007 
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Vista de la casa de Alejandro Gómez (recuadro derecha) en Gondomar. José L. Mosquera, izquierda

Los concejales de Gondomar José Luis Mosquera y Alejandro Gómez Garrido habían pactado con una constructora pontevedresa el pago de 210.000 euros para agilizar proyectos urbanísticos en el municipio. La primera entrega fue de 60.000 euros y tuvo lugar en una cafetería de Vigo. Las otras dos iban a ser de 90.000 y 60.000 euros respectivamente y se iban a producir en los próximos días, la segunda de ellas en las fiestas de Carnaval.

La operación, según la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se inició tras la presentación de una denuncia, ante el fiscal de Vigo, "en la que se comunicaba la reclamación, por parte de personal de la Corporación municipal de Gondomar, de cantidades de dinero para obtener la inclusión de convenios en el plan".

Agentes judiciales tuvieron conocimiento de que el día 14 en una céntrica cafetería de Vigo iba a producirse una entrega de dinero. Se montó el correspondiente operativo de seguimiento y se detectó la llegada del edil José Luis Mosquera acompañado por su novia, Belén Fernández. Allí se reunieron con una persona que tenía relaciones comerciales con una empresa constructora, para la que realizaba labores de relaciones públicas, búsqueda de clientes e intermediación en compras de terrenos.

Durante la conversación el representante de la empresa hizo entrega a Mosquera de un sobre con 60.000 euros que el edil pasó a su novia para que lo guardara en el bolso. Cuando la pareja salía del establecimiento público fueron abordados por los agentes. Tras ser detenidos, la Guardia Civil, ante los indicios previos que se habían conocido durante la investigación, se trasladaron al domicilio de Alejandro Gómez, el segundo de los implicados en el operativo que no acudió a la cita por estar enfermo. Allí se le comunicaron los hechos y fue trasladado a dependencias policiales.

La actuación policial se efectuó "ante la evidencia de que se estaba produciendo un pago indebido en relación con la incorporación de unos convenios urbanísticos en el plan de ordenación del Ayuntamiento".

Esta operación se había activado a finales de noviembre y hay más personas que fueron y están siendo investigadas por estos mismos hechos aunque, hasta el momento, no se ha podido probar su relación directa con la causa. En ese sentido, según puso saber EL CORREO GALLEGO, la decisión de la juez, María Eugenia Manzanares Saavedra, de dejar en libertad con cargos aunque sin fijar fianza a los acusados modificó la línea de actuación que se había previsto inicialmente en la Fiscalía de Vigo.

Comunicado de la Fiscalía

La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia hizo ayer público un comunicado en el que, tras un relato superficial de los hechos, entró a valorar las acusaciones políticas del PP. "Se quiere dejar claro", dice la nota, "que el Ministerio Público cumple, como lo hace siempre, con el deber constitucional de promoción de acción de la Justicia, en el marco de la más absoluta imparcialidad. A la Fiscalía le es absolutamente indiferente la adscrición ideológica, o partidista, de las personas implicadas".

Los dos concejales de Gondomar presuntamente implicados en un caso de corrupción urbanística han optado por aislarse por completo del torbellino político e informativo desatado en la villa pontevedresa a raíz de su detención el pasado miércoles como presuntos autores de tres delitos de cohecho.

Ninguno de los dos han pasado las últimas horas en sus domicilios, uno ubicado en pleno centro de Gondomar y otro, en la parroquia de Mañufe, a varios kilómetros del casco urbano de la localidad. El ex edil de Cultura, José Luis Mosquera, se ha ausentado de su vivienda, un ático ubicado en la calle Rosalía de Castro, a pocos metros de la casa consistorial. Los vecinos y comerciantes de la zona confesaron que no habían visto al concejal durante toda la jornada de ayer, y tampoco a Belén Fernández, su compañera sentimental y ex mujer del jefe de la Policía Local de Gondomar, a quien la jueza le ha imputado un presunto delito de cohecho.

Alejandro Gómez vive en una casa unifamiliar situada en la calle San Sebastián, en la parroquia de Mañufe, lugar sumamente tranquilo, aislado y de angostos accesos. La vivienda, de construcción poco llamativa en comparación con muchos de los impresionantes chalés salpicados por la villa, está en la actualidad en obras. Sus propietarios están realizando un nuevo cierre, por lo que la finca ni siquiera tiene portal. A las tres de la tarde, la mujer del edil llegó a la casa tras concluir su jornada laboral. Visiblemente afectada, reconoció que el impacto de este asunto sobre la familia había sido brutal y que su marido había preferido aislarse por completo. Hablará, dijo, en el momento que él considere oportuno.

LOS DATOS

1Construcciones Fajo se desmarca del asunto

Un portavoz de la empresa constructora de José Fajo, una de las más conocidas y que más trabajan en el municipio y relacionada con los detenidos, negó ayer cualquier vinculación con el caso. "No queremos decir nada. Nosotros no tenemos nada que ver", dijeron ayer.

 

2 Decepción en la Fiscalía por las medidas judiciales

En la Fiscalía sorprendió que la jueza no adoptara medidas más contundentes contra los detenidos, como su ingreso en prisión o que fijara una fianza económica.

 

3Entre dos y seis años de prisión por cohecho

El delito de cohecho (que una autoridad acepte un soborno por cometer un acto ilegal) está penado con entre dos y seis años de cárcel .